El 14 de junio de 2002, se levantó un movimiento en Arequipa. La protesta había sido causada por el intento de privatización de la empresa eléctrica EGASA. Toledo se había comprometido durante su campaña electoral a proteger el patrimonio regional, por lo que estaba incumpliendo su palabra. Durante estas protestas, no solo murieron dos jóvenes arequipeños, sino que también se registraron cientos de heridos. Debido a esta situación, Toledo declara estado de emergencia y, el 19 de junio, firma un acuerdo con las autoridades y dirigentes sociales de Arequipa para suspender la privatización. A pesar de esto, el conflicto se prolongó por dos semanas más y llegó a extenderse a Moquegua, a la frontera con Tacna y al norte de Puno y Cuzco.