Lucha fragmentada Pijao
por la tierra (en Ortega). (1 janv. 1950 – 31 déc. 1959)
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Fuente: 1994 Velandia - Etnia y Conflicto en el Sur del Tolima-1950-1980
Como ya hemos expuesto, durante la década de los años cincuenta el conflicto indígena
tuvo su epicentro en Yaguara, es decir, que la manifestación política y social tuvo allí un
mayor énfasis mientras en otras zonas como Ortega y Coyaima, igualmente golpeadas
por la violencia, tuvo otra forma de expresión. Esta diferencia se debió esencialmente al
hecho de que en tanto Yaguara logró alguna forma de organización, como fue el caso de
la Cooperativa Agropecuaria Comunal y, al menos formalmente, conservó la figura
jurídica del Cabildo Indígena, en Ortega, Coyaima y Natagaima las comunidades no
pudieron ni presentar un frente común de resistencia ni aglutinar intereses comunes bajo
una dirección central.
Así, mientras Quintín Lame Chantre rompía sus lanzas jurídicas contra las manipulaciones de terratenientes y autoridades locales en Ortega, en Coyaima y Natagaima las familias de indígenas, controladas y supeditadas por los terratenientes bajo distintas formas de explotación del trabajo y mediante el recurso del endeudamiento, resistían individualmente sin mayores resultados, dada precisamente su incapacidad de organización.
Por aquellos años los grandes y medianos propietarios dedicaban la tierra casi
exclusivamente a empresas ganaderas mediante el sistema de explotación extensiva.
Los indígenas, establecidos dentro de las enormes haciendas, en parcelas de una a diez
hectáreas, trabajaban como peones a jornal mientras supervivían con pequeñas huertas
de pan-coger, cercadas, en tanto que el resto de las haciendas permanecían como
"tierras en soltura", según la expresión local.
Con el tiempo, y como sugiere Gregorio Hernández de Alba (51) "…posiblemente inspirados por Quintín Lame…", empezaron a reclamar derechos de propiedad sobre los predios ocupados. Presumimos nosotros que el reconocimiento más o menos expreso, del fuero
histórico que vindicaban los indígenas, implicado en la política asumida a su respecto por el gobierno del General Rojas Pinilla, y caracterizado en la inclusión de las comunidades
indígenas en los programas de "Rehabilitación" que contemplaba la compra por parte de
la Nación de predios en litigio para serles entregados (52), puso en discusión el derecho
alegado por los terratenientes y estimuló la pretensión de los indígenas en el sentido de
redimir las tierras perdidas y en cuya procura las instancias legales no habían producido
algún arreglo. Desde entonces se generalizó este procedimiento como solución expedita
para, como reclaman ahora los indígenas, "sanear" la tenencia de las tierras.
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